LAS CONSTITUCIONES (PARTE 2)

CONSTITUCIÓN DE 1824

La Constitución mexicana de 1824 es la carta magna definitoria de la república mexicana, a partir de la cual nuestro país se llama Estados Unidos de México, cuya vigencia inicia el 4 de octubre de 1824, después de la caída del Primer Imperio Mexicano de Agustín Iturbide.

En esta Constitución se define a la nación como República Federal Representativa, con el catolicismo como religión oficial, fue producto de un Congreso General Constituyente convocado en 1823 por el triunvirato de Pedro Celestino Negrete, Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria, de nominado Supremo Poder Ejecutivo y que sucedió a Iturbide.

Este sistema de gobierno se mantuvo en vigencia hasta la derogación de la Constitución en 1835, reemplazado por un sistema centralista de gobierno, cuyo eje legal lo constituyeron las Siete Leyes promulgadas por José Justo Corro, aprobadas en 1837.

La Constitución de 1824 tiene un claro antecedente en el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, documento jurídico que sirvió para comprometer formalmente a los gobiernos de los distintos estados independientes a reconocer que el Primer Imperio Mexicano se había disuelto y a constituir una nación unida y dotada de los tres poderes públicos, de corte federal y representativa. Este documento se firmó el 31 de enero de 1824 y contenía los basamentos que la posterior constitución consagraría.

Esta constitución se inspiraba por igual en la Constitución de los Estados Unidos y en la Constitución de Cádiz de 1812, así como en el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana de 1814, en el cual, se dio fin al orden monárquico. El sistema de gobierno propuesto por la Constitución de 1824 era de corte federal y representativo, es decir, contemplaba la unión de los estados libres mexicanos sin subyugar sus respectivas autoridades a un poder central, sino a los tres poderes públicos: ejecutivo (una Presidencia y una Vicepresidencia), legislativo (un Congreso con dos cámaras: de diputados y de senadores) y judicial (una Corte Suprema de Justicia, unos Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito). A su vez, cada estado presentaría tres poderes públicos independientes.

Esto acarreó tensiones con los sectores conservadores de la sociedad que abogaban por un gobierno central, pues pensaban que una federación representaba un sistema débil frente a los posibles intentos de reconquista de España.

Esta constitución formalizó e hizo expresos los principios de Soberanía e Independencia de la República Mexicana respecto de España y de cualquier otra nación del mundo.

La nación mexicana se ordenó de la siguiente manera: 19 estados independientes, cuatro dependencias del centro y el distrito federal. Este territorio ocupaba los mismos límites del ya extinto Primer Imperio Mexicano.

A pesar de su claro corte liberal, la Constitución de 1824 no consagró las libertades ciudadanas fundamentales, muchas de las cuales permanecieron restringidas por la influencia militar y del clero en la sociedad mexicana. La esclavitud estaba prohibida, aunque no figurara expresamente en la Constitución sino hasta septiembre de 1829, cuando el presidente Vicente Guerrero así lo decretó formalmente.

Hubo múltiples tendencias dentro del sistema federativo mexicano, cuyo enorme territorio e influencias foráneas constituyeron un reto al entendimiento mancomunado. El manejo de los bienes eclesiásticos, del pago de las cuotas para el presupuesto federal y del aporte militar (“cuota de sangre”) al ejército unido fueron temas álgidos y a menudo manejados polémicamente entre los Estados federados.

Yucatán, por ejemplo, se atrevió a proclamar la libertad de culto, contraviniendo la constitución federal, mientras que Jalisco y Tamaulipas decretaban el financiamiento gubernamental de la Iglesia.

Las diferencias e inconformidades entre un Estado y el otro, que impedían la homogeneización legal y ciudadana de algunos estratos sociales, inspiró la idea de que un gobierno unido era indispensable para mantener la fuerza del país.

En 1835, luego de ganar las elecciones las fuerzas conservadoras, durante la presidencia interina de Miguel de Barragán, procedieron a derogar la Constitución de 1824 y a la rehechura del Estado en favor de un modelo centralista.

Acción que introduciría a la proclama de independencia de los Estados de Texas, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Tabasco y Yucatán. El primero se mantuvo independiente hasta su anexión a los Estados Unidos, los siguientes tres (la “República del Río Grande”) fueron conservados a la fuerza por las tropas centralistas, y los últimos dos se reincorporaron voluntariamente en 1841 y 1848 respectivamente.

El conflicto fronterizo entre la República de Texas y los Estados Unidos Mexicanos ocasionó poco después la Intervención estadounidense en México, un enfrentamiento bélico que culminó con la pérdida del 50% del territorio mexicano a manos estadounidenses y la reinstauración en 1846 de la Constitución de 1824 por el presidente interino José Mariano Salas. Ésta operaría formalmente hasta la promulgación de una nueva Constitución en 1857.

"Constitución Mexicana de 1824". Autor: Julia Máxima Uriarte.

LAS SIETE LEYES CONSTITUCIONALES O CONSTITUCIÓN DE RÉGIMEN CENTRALISTA DE 1836

Cuando Antonio López de Santa Anna llega al poder asumiendo un rol conservador, abroga la legislación anterior por ser de un carácter eminentemente liberal y procede a estructurar el Estado en una república centralista cuyas bases fueron sentadas en las siete leyes.

En este ordenamiento sí existió un apartado especial para los derechos, la primera de las siete leyes se titulaba “Derechos y obligaciones de los mexicanos y habitantes de la república”, reconocía los derechos de nacionalidad, igualdad, libertad, propiedad, seguridad jurídica y derechos políticos; sin embargo, seguían sin ser reconocidos el derecho a la libertad de culto y creencias, continuó la obligatoriedad de la religión católica impuesta desde la constitución de 1824.

Acta Constitutiva y de Reforma de 1847. Durante la intervención norteamericana se declaró la vigencia nuevamente de la constitución de 1824 de carácter federalista y se le adiciona el acta constitutiva y de reformas del 21 de mayo de 1847 formulada por Mariano Otero. La trascendencia de ello fue la implementación a nivel federal del juicio de amparo como un control de garantía de los derechos humanos, cabe mencionar que desde 1841 esta figura ya había sido propuesta a nivel local en el estado de Yucatán y originalmente en las “Bases Orgánicas de la República.

Las Siete Leyes Constitucionales o Constitución de Régimen Centralista de 1836 es un conjunto de leyes de rango constitucional, promulgadas el 30 de diciembre de 1836 por el presidente interino de México, José Justo Corro. Las leyes le dieron forma a un régimen centralista, contrario al régimen federal establecido en la Constitución de 1824.

El protagonismo en la promulgación de las Siete Leyes recae en el presidente interino José Justo Corro, aunque se considera que el artífice de las mismas fue Antonio López de Santa Anna.

La primera ley establecía quienes podían ser considerados ciudadanos y tener derecho a voto. Se debía saber leer y escribir, y un ingreso mínimo. Quedaban excluidos los empleados domésticos.

La segunda ley facultaba al presidente para cerrar el Congreso y la Corte Suprema, suprimiendo la división de poderes al privilegiar al Ejecutivo. Además, creaba un Cuarto Poder, llamado Supremo Poder Conservador, en el que cinco miembros tenían plenos poderes sobre los demás. El poder conservador se atribuía capacidades superiores.

La tercera ley establecía la conformación y las facultades del Congreso.

La cuarta ley establecía el mecanismo de elección presidencial: indirecto a través del Senado, la Corte y una junta de ministros.

La quinta ley regulaba el modo de elección de los miembros de la Suprema Corte de Justicia.

La sexta ley, introducía el cambio más radical: alteraba la división territorial, pasando México de ser una república federal, a ser una república de régimen centralista. Los estados desaparecían y pasaban a ser departamentos controlados desde el poder central, y con gobernadores designados por el presidente de la República.

La séptima ley era en esencia una prohibición de alterar o cuestionar el articulado anterior por un lapso de seis años a partir de su promulgación.

El nuevo texto constitucional provocó airadas protestas en diferentes regiones del país, siendo las más notables las que provocaron la separación temporal de Yucatán, y la de Texas, volviéndose esta última definitiva. La declaración de independencia texana encendió la mecha de una carrera separatista que se extendió por el norte de México, derivando en la anexión de los territorios del norte por parte de los Estados Unidos. Yucatán, sin embargo, se reintegró a México como estado federado en el marco de la Guerra de Castas.

Las Siete Leyes terminaron siendo derogadas durante la época de la Intervención Estadounidense, en 1847.

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